El gobierno español aprueba el anteproyecto de ley de «muerte digna».

(Agencias) El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el primer informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, también conocida como 'ley de muerte digna', con la que pretende garantizar los derechos de los pacientes «en el momento final de la vida», así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden, aunque descarta su derecho a la objeción de conciencia. La Ministra Leire Pajín ha asegurado que dialogarán con la Iglesia sobre el texto legal.
La norma se llama, en palabras de la ministra Leire Pajín, “anteproyecto regulador de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida” y pretende que todos los ciudadanos “afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan”.

Según la ministra, se estima que aproximadamente la mitad de los españoles tienen que afrontar situaciones difíciles cuando fallecen y, con ellos, sus familiares. “Estamos hablando de aquellos pacientes que entran en fase terminal o de agonía, en la que los médicos ya descartan de forma clara que vaya a haber expectativas de curación”.

El texto aprobado establece que “cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida”.

Asimismo, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Todo ello, ha añadido Pajín, “será equitativo en todo el SNS, de modo que todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho vivan donde vivan”.

El anteproyecto de ley establece también que quien reciba la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente presente incapacidad de hecho. Esto se decidirá a criterio del profesional médico responsable, para lo que podrá contar con la opinión de “al menos” otro profesional implicado directamente en la situación del paciente.

Sin derecho a la objeción de conciencia
El texto aprobado por el gobierno no recoge derecho a la objeción de conciencia del personal médico. De hecho, se establece que los profesionales sanitarios “estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir”.

Pajín ha descartado que la ley incorpore un paquete de medidas económicas ya que “sólo regula derechos”, y ha asegurado que “dialogarán con la Iglesia” como han hecho con otros colectivos.

Oposición del PP
La coordinadora de Política Social del PP y ex-ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha afirmado este viernes en Santander que “lo que los españoles necesitan no es una muerte digna” sino tener “una vida digna hasta el final de sus días”.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclaman al Gobierno la elaboración de una normativa con una “cartera de servicios paliativos” que sea la “misma” para todos los españoles, “única” en el país y que garantice la “equidad” de los ciudadanos.