Al menos 1.600 sirios han muerto desde que comenzaron las protestas a mediados de marzo.
Los dirigentes mundiales deben emprender acciones concretas inmediatas para responder a la crisis de Siria. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, entre informes de que el número de muertos desde que comenzaron las protestas masivas en marzo ha superado ya los 1.600.
Este llamamiento se ha realizado en vísperas de un debate clave del Consejo de Seguridad de la ONU, previsto para el miércoles, en el que el secretario general Ban Ki-moon presentará un informe sobre Siria.
Al parecer, unas 53 personas han muerto violentamente en Siria desde el sábado, con lo que la cifra total de víctimas mortales es ya de más de 1.600 personas.
Según los informes, al menos cinco civiles murieron en la localidad de Hama, en el centro del país, el martes.
“Un examen honrado de los hechos de la atroz situación de Siria debería ser más que suficiente para persuadir al Consejo de Seguridad de que emita una resolución legalmente vinculante, no sólo una dócil declaración. Un mero llamamiento diplomático a las autoridades sirias para que pongan fin a la violencia constante contra la población civil no estará a la altura de lo que la situación exige”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La ONU debe imponer asimismo un embargo total de armas a Siria, y congelar los bienes en el extranjero del presidente Assad y sus altos cargos.”
El gobierno sirio se enfrenta a una presión cada vez mayor para que ponga fin a su represión de los manifestantes antigubernamentales, en medio de una condena internacional generalizada.
El ministro de Asuntos Exteriores turco se reunió con el presidente Bashar al Assad en Damasco el martes en un aparente intento de persuadir al dirigente sirio de que cese la violencia contra la población civil.
En una excepcional decisión, el rey Abdullah de Arabia Saudí llamó sumariamente a consultas a su embajador en Damasco el lunes y condenó la brutal represión siria de las protestas, al tiempo que pedía el fin de la “máquina de matar” del ejército.
La mayoría de los países árabes también han condenado la violencia, dejando a Siria cada vez más aislado. El Consejo de Cooperación del Golfo, compuesto por Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y Qatar, ha denunciado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, mientras que la Liga de los Estados Árabes se ha comprometido a utilizar la “persuasión paso a paso” para resolver el conflicto.
Estaba previsto que una delegación oficial conjunta de Brasil, India y Sudáfrica llegara a Damasco el martes para instar a las autoridades sirias a poner fin a la violencia.
Kuwait y Bahréin también han llamado a consultas a sus embajadores en Damasco.
Muchas de las más de 1.600 personas muertas eran, según los informes, manifestantes y residentes locales muertos por munición real de las fuerzas de seguridad y el ejército.
Miles de personas más han sido detenidas desde el comienzo de las protestas, y muchas de ellas permanecen recluidas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos.
“Los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad sirias parecen formar parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que constituyen delitos de derecho internacional”, ha manifestado Malcolm Smart.
“El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir también la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional, tal como hizo con el gobierno de Libia en febrero, tras la violenta represión de las protestas en ese país.”
© Amnistía Internacional
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