Ley de Memoria Histórica de 2007, una norma dirigida a dividir a los españoles de la Guerra Civil entre buenos y malos

La negativa del PP a derogar leyes del PSOE lleva a un juez a dictar el derribo de una cruz

(Elentir) Contra la cruz, erigida en 1961, se dirigió un primer intento de derribo a comienzos de 1980 a petición del Partido Comunista de Galicia (PCG). Al año siguiente, el pleno municipal rechazó el derribo y reconvirtió el monumento en un símbolo de homenaje a todos los caídos en la Guerra Civil, tanto los de un bando como los del otro. Los partidos de ultraizquierda, llevados por el ánimo de revancha en un momento en que España consolidaba la democracia por la vía de la reconciliación, votaron en contra. Durante más de 20 años la citada cruz dejó de ser motivo de polémica, hasta que el gobierno de Zapatero decidió reabrir viejas heridas ya cerradas imponiendo la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una norma dirigida a dividir a los españoles de la Guerra Civil entre buenos y malos, ignorando los crímenes cometidos por el llamado bando republicano y sometiendo obligatoriamente al olvido a sus víctimas y a quienes eligieron bando, en muchos casos, para frenar la atroz persecución anticatólica llevada a cabo por las izquierdas, una persecución que se saldó con el asesinato por razón de su fe de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas, muchas de éstas, además, violadas por los milicianos rojos. Y eso sin contar miles de laicos católicos masacrados.
A raíz de la citada ley volvieron los intentos de derribar la Cruz del Castro, un símbolo, repito, convertido en monumento a todos los caídos de la guerra. Esta vez fueron los ultras del BNG y la extrema izquierda local los que llevaron la voz cantante, aprovechándose de una ley cuyo Artículo 15 obligaba a «la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Obsérvese que, por una parte, la ley excluía de su afán censurador a los símbolos de exaltación de uno de los bandos. Pero además, abría la puerta a que las víctimas del bando republicano fuesen olvidadas por decreto. ¿Es aplicable esa ley a la Cruz del Castro? Está claro que no. El pleno municipal vigués había convertido esa cruz en monumento a todos los caídos 26 años antes, pero esto poco le importó a la izquierda más rencoroso y guerracivilista.

En 2010 la misma asociación denunció la cruz por «contaminante»

Los argumentos para pedir el derribo de la cruz empezaron ya a rozar el disparate. En 2010 una asociación izquierdista pidió su demolición por ser «franquista» y «contaminante». Me pregunto, en primer lugar, ¿qué tiene de contaminante una cruz? Pero es que además, como hemos visto, un pleno municipal democrático había dado un significado reconciliador al monumento. Ya no era, así pues, una cruz «franquista». Lo contrario anima a preguntar: ¿esa asociación considera «franquistas» TVE, la Seguridad Social, la agencia Efe y la Renfe, y va a pedir su desaparición? Todas fueron creadas durante el franquismo… Pues bien: con esos curiosos argumentos, la citada asociación llevó al ayuntamiento vigués a los tribunales para obligarle a pronunciarse sobre una cruz sobre la que, insisto, ya se había pronunciado el pleno municipal casi 20 años antes. El juzgado obligó al ayuntamiento a responder y el año pasado el pleno municipal volvió a apoyar el mantenimiento del monumento. Pero poco le importa a cierta izquierda que dos plenos municipales democráticos, representando a los vigueses, hayan apoyado que se mantenga esa cruz. Lo que quieren es que los vigueses hagamos lo que ellos exigen, tengan razón o no.

Piden que a la cruz se le impongan normas propias de escudos municipales

En octubre la citada asociación presentó una nueva demanda, esta vez para pedir el derribo de la cruz. Los argumentos de la demanda son surrealistas. Para empezar, los demandantes alegan que el pleno municipal «no podía, por sí mismo, cambiar la significación del símbolo». ¿Y por qué no? Respaldando esta curiosa negación al pleno municipal para definir el sentido de los monumentos de la ciudad, afirman que «los símbolos de los poderes públicos, por su importancia, están sometidos al Derecho». Obvia decir que no estamos hablando de un símbolo de un poder público, como pueda ser el escudo o la bandera de Vigo, sino de un monumento, pero ¿se imagina alguien a estos tipos negando al pleno municipal todo derecho a definir, por ejemplo, la bandera y el escudo de la ciudad de Vigo? A continuación, la demanda abunda en su empeño en identificar el citado monumento como un símbolo municipal, metiéndose en una perorata sobre las leyes que regulan los escudos y banderas municipales. Y apela a esto para negar legitimidad al pleno municipal para cambiar de significado a un monumento. Es de risa, vamos.

Para la demanda los escudos de los tres Ejércitos son «simbología fascista»

Pero si no bastase con eso, la demanda aborda la «simbología facista» y señala que en el arranque de las escaleras aún están los «emblemas en bronce de los tres ejércitos». Es decir, que identifican a nuestras Fuerzas Armadas como organizaciones fascistas. Esto ya es el colmo. Me pasma que un juez haya cedido ante tal catarata de disparates como los contenidos en esa demanda, pero es de sobra sabido cómo está el sistema judicial. Por otra parte, la citada Ley de Memoria Histórica dio pie a disparates como éstos. A modo de ejemplo, se han retirado escudos de los Reyes Católicos por considerarlos «franquistas», y se ha llegado a pedir la retirada del aspa de Borgoña con el mismo argumento. Por lo visto, España era franquista desde hace cinco siglos y no nos habíamos enterado.

El Ayuntamiento debe honrar a los muertos recurriendo este disparate judicial

Espero que el Ayuntamiento de Vigo recurra esta sentencia, que no es firme, por respeto a los muertos de ambos bandos, y por respeto al sentido reconciliador que el pleno municipal ha insistido en darle a ese monumento. Pero sobre todo, espero que ese derribo no llegue a producirse porque sería el triunfo de una minoría radical y guerracivilista sobre la voluntad de reconciliación de la amplia mayoría de los españoles. Por otra parte, obvia decir que no estaríamos asistiendo a situaciones tan esperpénticas como ésta si el PP hubiese llevado a la práctica la promesa de «cambio» que hizo en 2011 y hubiese derogado la citada ley, pero como en otras cosas, Rajoy ha preferido ceder ante los dictados revanchistas de la izquierda y no tiene voluntad de reparar los disparates impuestos por Zapatero. La ley, seguramente, seguirá estando en vigor y con ella las decenas de miles de asesinados por la izquierda se han convertido en españoles sometidos a una ley que, para ellos, es de amnesia histórica obligatoria, que tiene como resultado que incluso monumentos a todos los caídos como el de Vigo estén amenazados por el afán de algunos de seguir diviendo a los españoles, a nivel oficial, entre buenos y malos en función del bando que eligieron o en el que les tocó luchar durante la Guerra Civil.