(PpE) Profesionales por la Ética ha hecho pública una nota en la que lamenta que el Gobierno haya optado por no remitir al Consejo de Estado el Proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. «Aunque no constituya un trámite obligado», aseguran, «este hecho refleja la precipitación del Gobierno para tramitar rápidamente esta norma».
“Otro signo de las prisas gubernamentales”, explica Santiago Díaz, portavoz de la campaña Vida Digna de Profesionales por la Ética, fue “remitir el Anteproyecto a un Consejo Interterritorial de Salud cuyos miembros estaban mayoritariamente en funciones por haberse celebrado nada más producirse las elecciones del 22 de mayo”.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, el proyecto de “Ley de muerte digna”, para su remisión al Parlamento. Profesionales por la Ética anunció que pediría a los grupos parlamentarios que supriman tres artículos que abren la puerta a la eutanasia, al obligar a los profesionales sanitarios a cumplir la voluntad del paciente por encima de cualquier otro criterio.
“Resulta sorprendente el desprecio del Gobierno hacia las asociaciones profesionales, especialmente las dedicadas a los cuidados paliativos”, denuncia la plataforma. “En primer lugar”, señala Díez, “porque de las 36 alegaciones presentadas por estas asociaciones, el Gobierno solamente ha incorporado al Proyecto de ley una alegación. En segundo lugar, porque el proyecto de ley deroga un artículo de la Ley 41/2002 básica de autonomía del paciente; y es que el proyecto gubernamental elimina la exigencia de que los documentos de instrucciones previas (testamentos vitales) tengan como límite la lex artis o buena práctica médica. La supresión de ese artículo obliga a los médicos a cumplir cualquier solicitud del paciente (incluida la eutanasia) siempre y cuando esté incluida en un testamento vital”.
En opinión de Profesionales por la Ética, se trata de un cambio de modelo asistencial que no tiene el consenso de las organizaciones médicas profesionales porque la lex artis es el referente de la buena práctica médica.
Por último, Santiago Díez ha denunciado que, cinco días después de que el Consejo de Ministros aprobara la remisión a las Cortes del Proyecto de ley, todavía no se conoce el texto del mismo, porque en la página web del Ministerio de Sanidad sólo se encuentra la versión del Anteproyecto aprobada el 13 de mayo. La norma se llama, en palabras de la ministra Leire Pajín, “anteproyecto regulador de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida” y pretende que todos los ciudadanos “afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan”.
Según la ministra, se estima que aproximadamente la mitad de los españoles tienen que afrontar situaciones difíciles cuando fallecen y, con ellos, sus familiares. “Estamos hablando de aquellos pacientes que entran en fase terminal o de agonía, en la que los médicos ya descartan de forma clara que vaya a haber expectativas de curación”.
El texto aprobado establece que “cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida”.
Asimismo, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Todo ello, ha añadido Pajín, “será equitativo en todo el SNS, de modo que todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho vivan donde vivan”.
El anteproyecto de ley establece también que quien reciba la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente presente incapacidad de hecho. Esto se decidirá a criterio del profesional médico responsable, para lo que podrá contar con la opinión de “al menos” otro profesional implicado directamente en la situación del paciente.
Sin derecho a la objeción de conciencia
El texto aprobado por el gobierno no recoge derecho a la objeción de conciencia del personal médico. De hecho, se establece que los profesionales sanitarios “estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir”.
Pajín ha descartado que la ley incorpore un paquete de medidas económicas ya que “sólo regula derechos”, y ha asegurado que “dialogarán con la Iglesia” como han hecho con otros colectivos.
Oposición del PP
La coordinadora de Política Social del PP y ex-ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha afirmado este viernes en Santander que “lo que los españoles necesitan no es una muerte digna” sino tener “una vida digna hasta el final de sus días”.
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclaman al Gobierno la elaboración de una normativa con una “cartera de servicios paliativos” que sea la “misma” para todos los españoles, “única” en el país y que garantice la “equidad” de los ciudadanos.
“Esta falta de transparencia resulta sorprendente; todavía no sabemos si el texto ha sufrido alguna modificación en este plazo o no”.
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