Melissa Sanchez
msanchez@elnuevoherald.com
Las monjas seguirán dándoles de comer a los pobres de Miami.
Dos días después de que se diera a conocer que la Ciudad había acusado a la Congregación de las Misioneras de la Caridad de violar los códigos municipales al no obtener un permiso para distribuir alimentos, varios funcionarios municipales aclararon el jueves que no tienen ninguna intención de prohibir sus operaciones.
“No voy a cerrar ese lugar”, aseguró Orlando Diez, director del Departamento de Cumplimiento de Códigos de la Ciudad de Miami. “Si no se resuelve esto mañana mismo [viernes], entonces para el lunes ellas tendrán el certificado de uso que necesitan”.
Todavía no está claro si las monjas que laboran en la misión establecida por la Madre Teresa de Calcuta necesitan obtener un permiso para distribuir comida a los pobres. El jueves por la tarde, un abogado que representa a las monjas de manera pro bono presentó documentos a la Ciudad que indican que ellas habían obtenido un permiso especial para realizar esta labor en 1982.
“De cualquier manera, no habrá interferencia con las actividades de las monjas y su misión”, dijo Tom Equels, quien representa a las monjas junto con su esposa Laura. “Eso es lo que más nos importa, que el propósito de la misión establecida por la Madre Teresa sea respetado y continuado”.
La noticia de que la Ciudad había puesto a las Misioneras de la Caridad sobre aviso conmovió a la comunidad. Diez dijo que su oficina ha recibido decenas de llamadas desde el miércoles, cuando El Nuevo Herald publicó las preocupaciones de las monjas.
Pero el asunto había provocado el interés de varios funcionarios municipales y líderes comunitarios desde hace meses. Todo empezó con una serie de quejas por parte de los vecinos de la congregación, que se encuentra en el 724 NW 17 Street. El comisionado Wifredo “Willy” Gort dijo que muchos residentes de Claude Pepper Tower, un complejo de viviendas públicas para ancianos, llamaron a su oficina para quejarse de las filas de desamparados que esperan diariamente su turno para comer.
“Lo que mucha gente no entiende es que se ponen muy agresivos, que hay 300 personas bloqueando la acera, y que mucha gente que vive en Claude Pepper teme a los desamparados”, dijo Gort, que representa al distrito.
Frank Castañeda, un empleado de la oficina de Gort, presentó estas quejas además de videos y fotos de las filas a través de varios correos electrónicos enviados a Diez y otros funcionarios municipales. En los repetidos comunicados, Castañeda pidió responder a los vecinos que ya habían aceptado vivir al lado del nuevo centro de ayuda a los desamparados de Camillus House, que abrió a una cuadra de la congregación el verano pasado.
Paul Ahr, el presidente de Camillus House, explicó que la mudanza de su organización del downtown de Miami a Allapattah ha reducido drásticamente el número de lugares donde los desamparados pueden recibir comida diariamente. En su sitio anterior, Camillus House daba alimentos a más de 300 desamparados diariamente sin exigir que éstos participaran en sus programas.
“Cuando nos autorizaron a operar como una misión de rescate en el nuevo sitio, las condiciones eran de que no íbamos a continuar nuestro programa de darle de comer a la gente en la calle”, dijo Ahr. “La preocupación principal era que nos movíamos de una zona industrial a una zona residencial, y los comisionados que aprobaron la decisión no querían recrear las largas filas de gente que esperan para recibir comida”.
Actualmente, Camillus House sólo da alimentos a aquellos desamparados que participan en sus programas o que duermen en su albergue. Ahr expresó su solidaridad con las Misioneras de la Caridad y aseguró que estaría dispuesto a alimentar a los desamparados que actualmente dependen de las monjas si recibe el permiso de la Ciudad.
Las quejas contra las actividades de las Misioneras de la Caridad también llegaron por parte de los líderes del Hospital Jackson Memorial, una entidad que controla varias propiedades en la misma zona. De hecho, la participación de una funcionaria del Jackson en las conversaciones sobre la falta del cumplimiento de códigos provocó especulación respecto a los intereses del hospital en la propiedad.
Un vocero del hospital negó las insinuaciones el jueves por la tarde.
“Ni siquiera hemos pensando en si queremos comprar esa propiedad”, dijo Edwin O’dell. “Eso no está en nuestra pantalla de radar”.
Sin embargo, O’dell explicó que al Jackson siempre le ha preocupado que los problemas de cumplimiento del código municipal , incluyendo a los vendedores ambulantes y los desamparados, pudieran afectar las operaciones o la imagen del hospital.
“Tenemos un recinto aquí en el que queremos atraer a pacientes que pagan, y tenemos que hacer algo respecto a las violaciones del código que ocurren en el Sistema de Jackson Health y al lado de nuestras propiedades”, dijo O’dell.
Diez aseguró que no ha dejado que las presiones políticas o comunitarias interfieran con su obligación de asegurar que se cumplan los códigos municipales. Explicó que, a raíz de las quejas de la oficina de Gort, él mismo visitó a las monjas, inspeccionó la propiedad, y les indicó que debían conseguir un nuevo certificado de uso como una misión de rescate, en lugar de un certificado de uso como un convento.
“Se les dijo, se les explicó lo que tenían que hacer”, dijo Diez, cuya propia familia ha colaborado con comida y ropa para la congregación. “Yo creo que las Misioneras están tan comprometidas con el servicio que están dando que ellas no tienen tiempo para esto”.
Dos días después de que se diera a conocer que la Ciudad había acusado a la Congregación de las Misioneras de la Caridad de violar los códigos municipales al no obtener un permiso para distribuir alimentos, varios funcionarios municipales aclararon el jueves que no tienen ninguna intención de prohibir sus operaciones.
“No voy a cerrar ese lugar”, aseguró Orlando Diez, director del Departamento de Cumplimiento de Códigos de la Ciudad de Miami. “Si no se resuelve esto mañana mismo [viernes], entonces para el lunes ellas tendrán el certificado de uso que necesitan”.
Todavía no está claro si las monjas que laboran en la misión establecida por la Madre Teresa de Calcuta necesitan obtener un permiso para distribuir comida a los pobres. El jueves por la tarde, un abogado que representa a las monjas de manera pro bono presentó documentos a la Ciudad que indican que ellas habían obtenido un permiso especial para realizar esta labor en 1982.
“De cualquier manera, no habrá interferencia con las actividades de las monjas y su misión”, dijo Tom Equels, quien representa a las monjas junto con su esposa Laura. “Eso es lo que más nos importa, que el propósito de la misión establecida por la Madre Teresa sea respetado y continuado”.
La noticia de que la Ciudad había puesto a las Misioneras de la Caridad sobre aviso conmovió a la comunidad. Diez dijo que su oficina ha recibido decenas de llamadas desde el miércoles, cuando El Nuevo Herald publicó las preocupaciones de las monjas.
Pero el asunto había provocado el interés de varios funcionarios municipales y líderes comunitarios desde hace meses. Todo empezó con una serie de quejas por parte de los vecinos de la congregación, que se encuentra en el 724 NW 17 Street. El comisionado Wifredo “Willy” Gort dijo que muchos residentes de Claude Pepper Tower, un complejo de viviendas públicas para ancianos, llamaron a su oficina para quejarse de las filas de desamparados que esperan diariamente su turno para comer.
“Lo que mucha gente no entiende es que se ponen muy agresivos, que hay 300 personas bloqueando la acera, y que mucha gente que vive en Claude Pepper teme a los desamparados”, dijo Gort, que representa al distrito.
Frank Castañeda, un empleado de la oficina de Gort, presentó estas quejas además de videos y fotos de las filas a través de varios correos electrónicos enviados a Diez y otros funcionarios municipales. En los repetidos comunicados, Castañeda pidió responder a los vecinos que ya habían aceptado vivir al lado del nuevo centro de ayuda a los desamparados de Camillus House, que abrió a una cuadra de la congregación el verano pasado.
Paul Ahr, el presidente de Camillus House, explicó que la mudanza de su organización del downtown de Miami a Allapattah ha reducido drásticamente el número de lugares donde los desamparados pueden recibir comida diariamente. En su sitio anterior, Camillus House daba alimentos a más de 300 desamparados diariamente sin exigir que éstos participaran en sus programas.
“Cuando nos autorizaron a operar como una misión de rescate en el nuevo sitio, las condiciones eran de que no íbamos a continuar nuestro programa de darle de comer a la gente en la calle”, dijo Ahr. “La preocupación principal era que nos movíamos de una zona industrial a una zona residencial, y los comisionados que aprobaron la decisión no querían recrear las largas filas de gente que esperan para recibir comida”.
Actualmente, Camillus House sólo da alimentos a aquellos desamparados que participan en sus programas o que duermen en su albergue. Ahr expresó su solidaridad con las Misioneras de la Caridad y aseguró que estaría dispuesto a alimentar a los desamparados que actualmente dependen de las monjas si recibe el permiso de la Ciudad.
Las quejas contra las actividades de las Misioneras de la Caridad también llegaron por parte de los líderes del Hospital Jackson Memorial, una entidad que controla varias propiedades en la misma zona. De hecho, la participación de una funcionaria del Jackson en las conversaciones sobre la falta del cumplimiento de códigos provocó especulación respecto a los intereses del hospital en la propiedad.
Un vocero del hospital negó las insinuaciones el jueves por la tarde.
“Ni siquiera hemos pensando en si queremos comprar esa propiedad”, dijo Edwin O’dell. “Eso no está en nuestra pantalla de radar”.
Sin embargo, O’dell explicó que al Jackson siempre le ha preocupado que los problemas de cumplimiento del código municipal , incluyendo a los vendedores ambulantes y los desamparados, pudieran afectar las operaciones o la imagen del hospital.
“Tenemos un recinto aquí en el que queremos atraer a pacientes que pagan, y tenemos que hacer algo respecto a las violaciones del código que ocurren en el Sistema de Jackson Health y al lado de nuestras propiedades”, dijo O’dell.
Diez aseguró que no ha dejado que las presiones políticas o comunitarias interfieran con su obligación de asegurar que se cumplan los códigos municipales. Explicó que, a raíz de las quejas de la oficina de Gort, él mismo visitó a las monjas, inspeccionó la propiedad, y les indicó que debían conseguir un nuevo certificado de uso como una misión de rescate, en lugar de un certificado de uso como un convento.
“Se les dijo, se les explicó lo que tenían que hacer”, dijo Diez, cuya propia familia ha colaborado con comida y ropa para la congregación. “Yo creo que las Misioneras están tan comprometidas con el servicio que están dando que ellas no tienen tiempo para esto”.
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