viernes, 29 de noviembre de 2013

Un Comité de la ONU insta a Andorra a legalizar el aborto.

(Forum Libertas) Reforzar la ideología de género: el CEDAW quiere que se contemple el «derecho a la vida en la Constitución» andorrana y dice que es «una limitación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres». Pide que se garantice el acceso «para las mujeres y las niñas» a la anticoncepción, que «se apruebe una ley general sobre la igualdad de género» y un sistema de cuotas El CEDAW «hace notar con preocupación» que «la interpretación del derecho a la vida en la Constitución» es «una limitación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres» y «exhorta» al Estado a «despenalizar el aborto y facilitar el acceso al aborto legal en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, violación, incesto y malformación fetal grave». Esta es una de las principales conclusiones que recoge el documento, que también reclama endurecer el Código Penal para evitar «cualquier forma» de violencia de género y muestra especial preocupación por el desnivel que hay entre el número de casos que afectan mujeres nacionales y migrantes.
Según informaba este miércoles, 27 de noviembre, el Diari d’Andorra en su edición digital, el informe es fruto de la comparecencia de la delegación andorrana ante el comité a principios del mes pasado en Ginebra, y celebra las aportaciones de Andorra y los avances producidos, pero lamenta aún la falta de datos o la poca visualización que a su entender las instituciones públicas del país dan a la convención. El Comité trata de tener resueltas y recogidas todas estas cuestiones de cara al próximo informe que ha de entregar Andorra en octubre de 2017. Aunque la delegación andorrana esperaba las referencias sobre el aborto, las observaciones de la ONU van mucho más allá de lo previsto, al afectar directamente a su Constitución, al derecho a la vida y a «la penalización del aborto». En ese sentido, se trata de una auténtica excepción en el contexto de los países del entorno, donde para nada se contempla en la Constitución un supuesto derecho al aborto. Anticoncepción para niñas Además, el informe de este organismo de la ONU pide que «se garantice un acceso asequible para las mujeres y las niñas a los métodos modernos de anticoncepción y las eduque cerca de los riesgos del embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA». También dice que se facilite el acceso al «sistema de atención sanitaria y considere la posibilidad de modificar la legislación que restringe el acceso a la atención sanitaria sobre la base de la residencia legal». Reforzar la ideología de género Al mismo tiempo, el documento es muy rotundo sobre las cuestiones relativas a la violencia de género, y de alguna manera critica que no se esté dando más celeridad en la elaboración de una ley, que, ciertamente, va más tarde de lo previsto y que los grupos parlamentarios tienen previsto presentar consensuadamente a trámite parlamentario durante el próximo periodo de sesiones para que se apruebe antes del verano. El CEDAW reclama dicha legislación específica y propone modificar el Código Penal «para tipificar como delito todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos los actos de violencia sexual y el acoso», que «establezca medidas para compensar a las víctimas», y que se acelere «la ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las mujeres y la violencia doméstica». Además, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer «elogia al Estado por el alto nivel de participación de las mujeres en el parlamento, que llegó a la paridad en 2011». Pero, sin embargo, el organismo de la ONU recomienda que «se apruebe una ley general sobre la igualdad de género y contra la discriminación en consonancia con las disposiciones de la convención». En cuanto a la participación política, observa el ente que la presencia de la mujer en el Parlamento no tiene nada que ver con la de las corporaciones parroquiales u otros organismos de carácter ejecutivo como el propio Gobierno. Por ello, insta al Estado a «ofrecer incentivos a los partidos políticos para que se designen un número igual de mujeres y hombres como candidatos y refuerce los programas de formación y orientación específicos sobre técnicas de liderazgo y negociación para mujeres candidatas o posibles candidatas».

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