Allí
reconocieron que la interrupción voluntaria del embarazo provoca el incremento
de la mortalidad y morbilidad
maternas y no
disminuye el
número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas
de prisión a
mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las
disuade y, en cambio, las induce a recurrir a prácticas clandestinas,
que en la mayoría de los casos son inseguros y ponen su vida y su salud en
riesgo.
Los resultados de esa realidad en la Argentina son contundentes: 80
mujeres mueren por año (el
aborto es, desde hace más de 25 años, la primera causa de mortalidad materna) y
otras 60.000 ingresan a hospitales públicos por
complicaciones derivadas de prácticas inseguras.
De los cuatro
millones de abortos que
se realizan anualmente en América Latina, unos400.000 se practican en la Argentina. A pesar de ello, y de que hubo más
de 50 proyectos de ley en
estos 30 años de democracia, los legisladores argentinos nunca han discutido
formalmente la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de
Diputados ni del Senado. Y el tema tampoco figura en la agenda de esta campaña
electoral.
Este 28
de septiembre, Día Internacional por la
Despenalización del Aborto en
América Latina y el Caribe, es una buena oportunidad para recordar a diputados
y senadores argentinos que tienen la obligación de avanzar con la
despenalización del aborto, haciendo realidad los derechos de mujeres y niñas
que hoy no se sienten dueñas de sus cuerpos ni de tomar sus propias decisiones.
Apenas cuatro países de América Latina y el Caribe
(Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico, además de la ciudad de México DF) han
despenalizado el aborto. El resto todavía tienen la interrupción voluntaria del
embarazo en el Código Penal como un delito, con el extremo
de siete países (Chile, El Salvador, Haití, República Dominicana, Surinam,
Honduras y Nicaragua) que no lo permiten en ninguna circunstancia. Los demás,
incluido Argentina, sólo
permiten el aborto en circunstancias excepcionales, cuando el embarazo es
producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.
Diferentes organismos internacionales han comprobado que las mujeres indígenas,
afrodescendientes, que viven en la pobreza o que
tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas entre las
mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros.
En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.
Despenalizar el aborto es también, una deuda con los jóvenes. En América Latina
viven cerca de 160 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo
que significa que una de cada cuatro personas es joven. Los Estados todavía les
deben la implementación de programas de salud sexual y reproductiva de calidad, que faciliten el camino
hacia una vida sexual responsable, placentera y saludable, en la que se eviten
los embarazos tempranos no deseados, se prevengan la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión
sexual y en la que tengan derecho tomar decisiones libres, informadas y
responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su
orientación sexual.
(*) Directora
ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Especial para Perfil.com.
Mariela Belski directora de Amnistía Internacional Argentina, en un artículo titulado «Despenalizar el aborto es un compromiso con el derecho a la vida», publicado el 27 de septiembre de 2013.
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