(EP) El Centro de la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de Naciones Unidas (Unesco) de Andalucía se ha posicionado este domingo a favor de que la Catedral de Córdoba «sea patrimonio de todos» uniéndose así a la plataforma ciudadana ‘Mezquita-Catedral, Patrimonio de todos’, que exige la titularidad pública para dicho histórico monumento de Córdoba, perteneciente a la Iglesia Católica.
Y es que, en un comunicado, la Unesco recuerda que uno de los criterios por los que se declaró la Mezquita de Córdoba Patrimonio Mundial, «fue el hecho de considerarla testigo del intercambio de valores humanos».
De esta manera, la Mezquita de Córdoba, denominación con la cual fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, estableció un reconocimiento que resaltaba «no sólo su singularidad artística y arquitectónica, sino también el carácter simbólico del edificio como ejemplo del paradigma en el que Córdoba siempre ha querido sentirse identificada: la concordia entre creencias y civilizaciones», ha razonado la Unesco.
Explica que las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los bienes declarados han de «gozar de protección jurídica y mecanismos de gestión adecuados para asegurar su conservación», y que «cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien, preferentemente por medios participativos».
Por todo ello, la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de Naciones Unidas ha decidido sumarse al manifiesto para que la Catedral de Córdoba sea patrimonio de todos, un documento que exige la titularidad pública de la Catedral, que deje de emplearse institucionalmente solo el término Catedral para referirse a todo el monumento, una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.
El Centro Unesco de Andalucía recuerda que tiene entre sus fines difundir, defender y promocionar, en la Comunidad autónoma, los principios, objetivos y realizaciones de la Unesco relacionados, entre otros, con la defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de Andalucía, así como la colaboración en la elaboración, aplicación y desarrollo de planes y programas relacionados con los altos fines de la Organización.
Y es que, en un comunicado, la Unesco recuerda que uno de los criterios por los que se declaró la Mezquita de Córdoba Patrimonio Mundial, «fue el hecho de considerarla testigo del intercambio de valores humanos».
De esta manera, la Mezquita de Córdoba, denominación con la cual fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, estableció un reconocimiento que resaltaba «no sólo su singularidad artística y arquitectónica, sino también el carácter simbólico del edificio como ejemplo del paradigma en el que Córdoba siempre ha querido sentirse identificada: la concordia entre creencias y civilizaciones», ha razonado la Unesco.
Explica que las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los bienes declarados han de «gozar de protección jurídica y mecanismos de gestión adecuados para asegurar su conservación», y que «cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien, preferentemente por medios participativos».
Por todo ello, la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de Naciones Unidas ha decidido sumarse al manifiesto para que la Catedral de Córdoba sea patrimonio de todos, un documento que exige la titularidad pública de la Catedral, que deje de emplearse institucionalmente solo el término Catedral para referirse a todo el monumento, una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.
El Centro Unesco de Andalucía recuerda que tiene entre sus fines difundir, defender y promocionar, en la Comunidad autónoma, los principios, objetivos y realizaciones de la Unesco relacionados, entre otros, con la defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de Andalucía, así como la colaboración en la elaboración, aplicación y desarrollo de planes y programas relacionados con los altos fines de la Organización.
(EP/InfoCatólica) Fuentes del Obispado cordobés han recordado a Europa Press que, «desde 1236», fecha de la toma de Córdoba por Fernando III, la Iglesia Católica está «protegiendo y respetando todo lo que es el legado cultural de ese templo y todo lo que es el valor artístico» que representa, con lo que no se entiende la postura del Centro Unesco de Andalucía, que, de todas formas, según han resaltado las mismas fuentes, «es un organismo civil fundado en Granada y que no tiene nada que ver con la Unesco».
ResponderEliminarSe confunde a la opinión pública
En consecuencia, en la diócesis cordobesa se lamenta que «se estén lanzando noticias que están confundiendo muchísimo a la opinión pública», tanto respecto a la postura de la Unesco sobre este asunto, ya que dicho organismo internacional como tal no se ha pronunciado, como con las informaciones que hablan de la apertura de una investigación por el Ministerio de Hacienda, a raíz de la denuncia de un particular, sobre la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica en 2006.
Sobre esto último, desde el Obispado se subraya que no tienen «constancia oficial de ningún tipo de investigación», pero que, en cualquier caso, son «los primeros interesados en que, si hay algún tipo de investigación abierta, pues que se llegue hasta el final», porque están «seguros de que la titularidad es de la Iglesia», con el amparo «de la legislación española y europea y por Derecho Internacional».
Mientras tanto, el Centro Unesco de Andalucía ha decidido sumarse al manifiesto para que la Mezquita-Catedral de Córdoba sea «patrimonio de todos», un documento que exige la titularidad pública del histórico inmueble, que deje de emplearse institucionalmente solo el término catedral para referirse a todo el monumento, además de una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.