Como refiere el Spiegel Online (del pasado 1 de enero), durante el periodo que va de enero a noviembre del año pasado fueron detenidos 32.500 clandestinos en el paso situado en los alrededores de Orestiada, que se ha transformado para los ilegales en el punto principal de ingreso al país. Para detener este fenómeno, Atenas pidió el pasado octubre, la ayuda a la Agencia Europea para el control de las fronteras externas de la Unión Europea, Frontex.
Fundada en 2004, esta agencia, con sede en Varsovia (Polonia), envió a principios de noviembre de 2007, por primera vez desde su creación, un grupo de más de 200 expertos del RABIT (Rapid Border Intervention Teams) a Orestiada. Aunque su misión ha sido prorrogada hasta marzo de 2011, se puede decir que el resultado ha sido insuficiente, no obstante un descenso del número de ilegales detenidos cada día, de 250 a 140. Esta constatación de los hechos ha sido la que ha empujado a Grecia a la propuesta de este plan, que toma como modelo la larguísima barrera de separación construida por los Estados Unidos a lo largo de la frontera con México, que va de California a Texas.
La iniciativa de Atenas ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales y grupos pro derechos humanos. Como escribe Laura Boldrini, portavoz en Italia del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su blog en La Repubblica.it, el plan refleja la tentación europea de “convertirse en una fortaleza inexpugnable para los emigrantes y para los que piden asilo”. “Erigir muros, levantar alambradas, rechazar en el mar, son medidas basadas en la presión migratoria que rara vez resuelven los problemas, incluso los problemas de quien busca protección”, escribió el pasado 7 de enero.
Según Bill Frelick, de Human Rights Watch (HRW), el proyecto “es un tentativo para resolver con prisas un problema que es, en realidad, mucho más amplio”(BBC, el pasado 4 de enero). También Michele Cercone, portavoz de la Comisaria Europeo encargada de la seguridad, Cecilia Mälstrom, usó palabras similares. “Los muros o cercas -afirmó- son medidas a corto plazo que no permiten afrontar de manera estructural la cuestión de la inmigración clandestina”, (Le Monde, 4 de enero).
Para el gobernador de la provincia turca de Edirne, Gökhan Sözer, el muro servirá para poco. “Hay un río de 200 km (el río Maritsa o Evros), que se puede atravesar en barca durante el invierno y a pie en verano, cuando el nivel del agua es bajo”, declaró a la emisora televisiva turca NTV.
Muy dura ha sido la analista turca Beril Dedeoğlu, directora del departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Galatasaray de Estambul. “Es casi como si algún país de la UE que no quiera la adhesión de Turquía, se encuentre en dificultades, porque parece que estén buscando desesperadamente nuevas medidas de exclusión”, afirmó el 5 de enero en la web Zaman News, observando la posibilidad de que la idea del muro hubiese venido de los israelitas “que ahora son buenos amigos de los griegos”. Para Dedeoğlu, que habla de “una vergüenza para el siglo XXI”, “este muro simboliza una única cosa- declara materialmente que Turquía está fuera de Europa”.
Por su parte, el ministro Papoutsis denunció “la hipocresía de los que critican”, “el plan – así dijo – responde al deber del gobierno de proteger los derechos de los ciudadanos griegos y de los que residen legalmente en el país”. Incluso con respecto al muro dijo “no es un modo directo contra Turquía” (Le monde, 4 de enero).
Papoutsis recibió un apoyo inesperado por parte del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Después de una visita de su homólogo griego Papandreou, Erdogan expresó, el pasado viernes, su comprensión por la situación del país vecino. “Comprendemos la gravedad del problema que la inmigración ilegal constituye para Grecia”, declaró el premier turco, citado por el periódico español ABC, el pasado 16 de enero.
Para el político del partido filo-islámico AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), es un error ver en el plan griego un intento anti-turco y además no es un muro sino “sólo una barrera”.
La cuestión del muro ilustra nuevamente como el fenómeno de la inmigración constituye un rompecabezas para la política europea, especialmente para gobiernos como por ejemplo Grecia, que es quizá, el que tiene peor situación económica y financiera de toda la Unión Europea. Atenas está desarrollando un severísimo plan de austeridad y sufre un creciente descontento popular.
Como justamente observa el Papa Benedicto XVI en su mensaje para la XCVII Jornada Mundial del emigrante y el refugiado, que se celebró el pasado domingo 16 de enero, el fenómeno de la emigración es “un signo elocuente de nuestro tiempo”. En el texto, el Papa Ratzinger recuerda las palabras escritas por su amado predecesor Juan Pablo II, que habló de un “derecho a emigrar”. “La Iglesia lo reconoce a cada hombre, en el doble aspecto, la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro en búsqueda de mejores condiciones de vida”, así escribió el Papa Wojtyla en ocasión de la 87 edición de la Jornada, aunque si después añadió que “el ejercicio de este derecho va regulado, porque un aplicación indiscriminada comportaría daños y perjuicios al bien común de las comunidades que acogen al emigrante” (nº3).
Este es, en resumen, el reto actual que no sólo afronta la Grecia de Papandreou o la Italia de los desembarcos, sino toda Europa. De hecho, la emigración es un fenómeno global: según el último informe de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), con sede en Ginebra (Suiza), publicado el pasado 29 de noviembre, el mundo cuenta actualmente con 214 millones de emigrantes internacionales y en el 2050 podrían ser incluso 405 millones.
Por Paul de Maeyer, traducido del italiano por Carmen Álvarez
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