Alrededor de 1.600 personas de la comunidad universitaria han firmado hasta el momento una declaración en la que condenan los sucesos ocurridos hace unos días en la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

(Agencias) Según ha explicado a Europa Press el profesor titular de la Facultad de Políticas de la UCM Rafael Caballero, uno de los promotores de esta iniciativa, la 'Declaración de Somosaguas' partió de una treintena de profesores que como usuarios de la capilla se sintieron “agraviados” por los hechos acontecidos en el templo y decidieron poner en marcha “una declaración de condena”.
A partir de ahí, esa declaración inicial firmada por un grupo de profesores y personal administrativo fue “lanzada” para que cualquier persona de la comunidad universitaria pudiera suscribirla.
Ya han firmado la declaración más de cien catedráticos de toda España y decenas de profesores, doctorandos, personal administrativo y estudiantes universitarios. Entre ellos están Mikel Buesa, César Nombela y Carlos Rodríguez Braun, catedráticos de la Universidad Complutense. También hay muchos profesores y alumnos del campus de Somosaguas.
“Los hechos han sido muy graves, y queremos que la universidad sea un espacio de estudio, de diálogo, de búsqueda de la verdad, y que quienes agravien contra los valores que deben presidir la universidad sean claramente denostados o rechazados por la comunidad universitaria y por las autoridades académicas”, ha indicado Rafael Caballero.

Por ello, en el documento, en primer lugar se condenan los hechos ocurridos que ocurrieron en la capilla el pasado 10 de marzo. Asimismo, se desea que la Universidad “sea un espacio de libertad y concordia y se respeten todos los derechos legítimos que reconoce la Constitución”.

Por esa razón, solicitan que las autoridades académicas de la UCM adopten medidas disciplinarias para que “no quede impune lo sucedido y no quede manchado el buen nombre de la universidad”.

Finalmente, piden que las autoridades públicas competentes adopten las medidas judiciales oportunas ante lo que constituye “un atentado contra la libertad de culto que reconoce la Constitución y que protege el Código Penal”.
Según ha añadido Caballero la experiencia vivida con casos similares ocurridos hace años es que en el momento se abren expedientes “por justificación”, aunque luego “se dejan caducar”. “No queremos que en este caso pueda pasar algo parecido”, ha advertido.