Ante el cierre de Canal Nou, se unen todos quienes han estado en contra. Estas son las contradicciones de la historia.
La oposición acude a Burjassot En conexión telefónica, en las últimas horas de vida de Canal 9 ha podido escucharse a todos los representantes de la oposición.
El más duro en sus palabras fue el secretario general del PSPV, Ximo Puig, que calificó la noche de "golpe de estado". Por el plató a lo largo de la madrugada pasaron también Josep Moreno, Marga Sanz, Enric Morera, Mónica Oltra, Miquel Soler, Frederic Ferri -visiblemente emocionado-, Ignacio Blanco o el alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià.
"Es la m
ás parecida a la del 23F", dijo. Blanco censuró que se ha liquidado RTVV "de una forma intolerable, con nocturnidad y con la policía". Morera, por su parte, dijo que el pueblo valenciano "no se merece esto". La drástica decisión del Ejecutivo del PP vino precedida de un acuerdo publicado aún en la noche de ayer en el Diari Oficial (DOCV), firmado por el vicepresidente, José Císcar, en el que se «autoriza» el cese de las emisiones a partir del día de su publicación .
Bellver consideró «indignante la capacidad de los representantes políticos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida para utilizar el dolor ajeno y para aprovecharse de ese dolor para hacer apología de sus ideas, de su radicalidad y de su odio acérrimo al PP». Criticó «el encierro de los portavoces de la oposición en las Corts y varios diputados de izquierdas en el estudio de Nou» porque «en un momento muy duro para los trabajadores, los representantes políticos de la oposición han provocado tensiones innecesarias y han cuestionado el funcionamiento de nuestro sistema democrático, al intentar deslegitimizar el acuerdo de las Corts para el fin de las emisiones». «Quienes más respeto deberían mostrar por las instituciones y por el sistema democrático, porque son representantes elegidos por los ciudadanos, son quienes han alentado con sus declaraciones y su comportamiento actitudes que bordean la legalidad», insistió Bellver, quien precisó que «fruto de estas actitudes, alentadas por la izquierda, ha sido necesaria la intervención del juzgado para proceder, con garantías y seguridad, al cierre». Subrayó que «no ha habido otra alternativa» al cierre, una decisión política muy dura pero necesaria, tras la anulación del ERE que intentó un nuevo modelo asumible. (Levante-Emv 30/11/2013)
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