Recobrando la voz de los profetas.

La voz de los pobres.
Recobrando la voz de los profetas.
Monseñor Oscar Arnulfo Romero / El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero acompañado por feligreses En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el Cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión.” El 24 de marzo de 1980, un día después de concluir su homilía con esas palabras, Monseñor Arnulfo Romero fue asesinado por el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte formado por agentes estatales. Los asesinos nunca fueron juzgados y el Estado salvadoreño no ha reconocido su responsabilidad. Monseñor Romero, nacido en Ciudad Barrios en 1917, fue nombrado Arzobispo Metropolitano de San Salvador el 3 de febrero de 1977.

 Semanas antes de su muerte arreció sus denuncias contra los militares y el gobierno, por violaciones de los derechos humanos. En febrero había pedido a los Estados Unidos cesar la ayuda militar a El Salvador y cada domingo hacía un recuento de los muertos por la violencia política. Recibió amenazas de muerte e incluso el 10 de marzo de 1980 aparecieron en la catedral 72 candelas de dinamita que debieron haber estallado un día antes, durante un masivo funeral. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos que marcaron el preludio del conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1992 y dejó más de 75.000 muertos y masivas violaciones a los derechos humanos. El Estado salvadoreño obstaculizó la investigación del asesinato. La promulgación de una Ley de Amnistía en 1993 cerró las puertas a una reapertura de las pesquisas y dejó en la impunidad el crimen de Monseñor Romero y el de miles de salvadoreños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en abril de 2000 que el Estado salvadoreño era responsable por haber violado el derecho a la vida en contra de Monseñor Romero, por faltar a su deber de investigar el crimen en forma diligente y eficaz, por incumplir su obligación de procesar y sancionar a los responsables, y por la falta de adecuación de la leyes internas a los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH concluyó que la Ley de Amnistía contradice las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ordenó reparar las violaciones cometidas. CEJIL se incorporó a la representación del caso como copeticionario en 1998, junto con la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y un hermano de la víctima, que habían presentado la denuncia ante la CIDH desde 1993. Además de hacer justicia a Monseñor Romero, la denuncia procura la derogación de la Ley de Amnistía para impedir la impunidad de los criminales y asegurar que El Salvador garantice la protección de los derechos humanos y una investigación eficaz de los crímenes. En 2004 un tribunal de Fresno, California, en los Estados Unidos, condenó en ausencia a uno de los ex militares implicados en el complot al pago de US$10 millones a un familiar de Monseñor Romero, al encontrarlo culpable de haber participado en el crimen. Del acusado, que estuvo viviendo en California durante años, todavía se desconoce el paradero. La CIDH comprobó en 2005 que el Estado no había cumplido las recomendaciones. En el marco de una audiencia en 2007, El Salvador negó que agentes del Estado hubiesen participado en el crimen. Debido a la presión internacional, el Estado se vio obligado a justificar públicamente la vigencia de la Ley de Amnistía y manifestó su voluntad de iniciar un diálogo para el cumplimiento de la reparación de las violaciones cometidas. En noviembre de 2009 el Estado finalmente reconoció su responsabilidad internacional en la muerte de Monseñor Romero . Pais: El Salvador