En un comunicado, esta asociación judicial considera que el anteproyecto se centra especialmente en limitar las libertades de las mujeres y en cuestionar determinadas conquistas sociales que se habían alcanzado en las últimas décadas.
Explica que supone la derogación del sistema de plazos que se aprobó en 2010 y se basa en uno de indicaciones “que tiene un carácter más restrictivo” que el de la ley de 1985, “pues se excluye el supuesto de graves malformaciones fetales”.
Jueces para la Democracia advierte de que con esta regulación España se alejará del sistema que rige en esta materia en la gran mayoría de países europeos.
Además, en su opinión parte de una visión de la mujer como un ser necesitado de tutela, ayuda y asesoramiento, incapaz de decidir sobre la maternidad y sobre el libre desarrollo de su personalidad.
“A lo largo del articulado se detecta esta visión paternalista, que queda más acentuada ante la previsión de que la mujer no podrá ser autora del delito por la interrupción voluntaria del embarazo, cuya autoría queda reservada a los facultativos”, comenta Jueces para la Democracia.
Insiste en que “en lugar de tratar a las mujeres como personas adultas que toman sus propias decisiones y de respetar sus derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno afirma de forma muy criticable que son víctimas a las que hay que tutelar”.
“El texto parte de un concepto de la mujer como ser humano capitidisminuido, sin capacidad de discernimiento ni de voluntad propia”, apostilla.
Por otro lado, Jueces para la Democracia cree que la reforma resulta innecesaria “pues la regulación actual se ajusta plenamente a la realidad social y por eso no ha generado ninguna situación de conflicto”.
Comenta que el sistema de plazos ha permitido el reconocimiento de la maternidad como una opción personal y ha posibilitado una mayor seguridad jurídica.
Mantiene que la legislación vigente ha estado aplicándose con normalidad y que “el anteproyecto supone un retroceso en el tiempo de más de treinta años con la finalidad de recuperar los valores anacrónicos de una sociedad que tiene poco que ver con la presente”.
Jueces para la Democracia considera que en la práctica el anteproyecto supondrá “la imposibilidad de practicar aborto alguno” ya que “las exigencias formales dilatan el tiempo para cualquier decisión y las represalias y efectos en el personal médico llevarán a que nadie quiera asumir el riesgo de finalizar en prisión por practicar un aborto”.
Esta asociación teme que la reforma agrave las desigualdades sociales ya que “las mujeres con más recursos económicos van a poder interrumpir el embarazo sin dificultades en los países vecinos pero quienes no dispongan de medios van a tener que abortar en España muy probablemente en situación de clandestinidad, con los graves riesgos que ello puede generar para su integridad física y psíquica”.
Por otra parte, estima que “se trata de una regulación que pretende imponer las creencias propias de una confesión religiosa, la moralidad católica de los dirigentes del partido en el Gobierno, al conjunto de la sociedad”, lo que a juicio de la asociación judicial “no resulta admisible en un Estadio aconfesional”.
El lenguaje es un instrumento de comunicación vivo y casa poco con el inmovilismo. Lo sé. Pero es igualmente cierto es que uno se acostumbra a escribir de una manera, que es la correcta, porque así se lo han enseñado, y mosquea que de la noche a la mañana ya no se escriba septiembre, sino setiembre, o que ya no se diga postguerra sino posguerra.
ResponderEliminarSucede lo mismo con el significado de las palabras, que muestra cómo el lenguaje es también un instrumento perverso del que se adueñan unos cuantos, apartándonos al resto de los mortales del sentido real de los términos o secuestrándonos en eufemismos. El adjetivo progresista es un buen ejemplo de ello.
Progresista significa, sencillamente, partidario del progreso, si éste implica un avance. Progresistas, por tanto y en principio, somos todos, salvo los que se resisten a avanzar o vuelven a vender ideas que fueron consideradas caducas hace tiempo o contrarias a la dignidad de las personas. ¿Quién es el árbitro, entonces, que decide y con qué criterio a quién se adapta o no el dichoso adjetivo?
A muchos políticos se le hincha el pecho diciendo “nosotros, los progresistas”, como si los contrarios fueran tontos del haba o dieran muestras de no haber leído en su vida a Séneca, Sócrates o Cicerón. Y esta misma pelea, tan semántica como tópica, se traslada a otros ámbitos, instituciones, tribunales o rincones geográficos. Seamos serios –o sea, rigurosos– a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Es el primer paso para entendernos y, después, avanzar.