Amenazas a un obispo peruano por su defensa medioambiental
Publicado el 10.12.2010
(Rafael Quintanilla -Lima) Todo ocurrió hace justamente un mes. En La Oroya había mucha expectación por conocer el estatus actual de la demanda presentada en la Corte de Missouri (EE.UU.) contra Renco Group, matriz de la siderúrgica Doe Run, cuya planta de producción ha ocasionado un desastre ambiental en esta ciudad peruana y a la que se le reclama una indemnización para 107 niños que llevarán plomo en su sangre de por vida.
El 15 de noviembre era la fecha fijada para la conferencia de prensa informativa, una cita que se tenía previsto que abriera el arzobispo de Huancayo y coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental, Pedro Barreto. Sin embargo, lamentablemente, aquel día un grupo de ex trabajadores de Doe Run irrumpió en la sala para boicotear el acto. Y lo consiguió, porque, ante el temor a un mayor descontrol que pudiera poner en peligro la integridad de los asistentes, se decidió suspenderlo y evacuar al prelado jesuita. Aun con todo, cuando el arzobispo de Huancayo se disponía a salir del local para llegar hasta su coche, fue víctima de un intento de agresión, afortunadamente impedido por la gente que le acompañaba, que, si bien evitó las arremetidas, no pudo contener las piedras que cayeron después sobre las ventanas del vehículo.
Este ataque contra monseñor Barreto refleja la impotencia y el temor de Doe Run a las denuncias que obligarían a su dueño, Ira Rennert, a pagar 500 millones de dólares en indemnizaciones por el citado desastre ambiental contra los ciudadanos de La Oroya. El incidente también buscaría intimidar a la Iglesia católica peruana, para que no siga promoviendo en el futuro más denuncias contra Renco Group, pues fueron precisamente dos monjas norteamericanas quienes lograron que prosperara la demanda en los tribunales de Missouri.
La Oroya no sólo es la ciudad más contaminada de Perú, sino también una caldera que puede estallar en cualquier momento. La población está dividida por los chantajes de Doe Run sobre los ex trabajadores y sus familias, a quienes ha prometido toda clase de beneficios si la siderúrgica reinicia su actividad en el futuro.
Durante muchos años, el Gobierno peruano no hizo todo lo que estaba en su mano para que mejorasen las condiciones de vida en esta ciudad. Así, el escenario que hoy se vive en La Oroya fue gestado en 1997, con la privatización a toda costa de empresas estatales a postores que no garantizaban una administración eficiente. Un pan de cada día, el de estas iniciativas ultraliberales, que entonces convirtió a Doe Run en una de las entidades beneficiadas.
Años después, al conocerse la magnitud real de la contaminación y el hecho de que esta empresa no hacía nada por mitigarla, el Estado peruano hizo la vista gorda e incluso la eximió del pago de impuestos fiscales. Muchas organizaciones civiles y la propia Iglesia, liderada por Barreto, exigieron que Doe Run fuera obligada a cumplir un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), con la esperanza de que el Gobierno reaccionaría cuando la presión traspasara las fronteras del país.
Sin embargo, el PAMA nunca se implementó. Es más, el Congreso peruano lo postergó y amplió los plazos para su puesta en marcha en complicidad con el Ministerio de Energía y Minas. Con ello, miles de familias y niños seguirían contaminándose de plomo, al tiempo que la siderúrgica obtendría más y más beneficios. Tantos que Rennert compró en 2008 dos apartamentos de lujo por más de 60 millones dólares en el corazón de Manhattan.
Cese de actividades
Ya en 2009, Doe Run paralizó sus actividades con el objetivo de presionar al Gobierno para obtener mayores beneficios y no cumplir sus compromisos. Actualmente, tiene una deuda contraída de 1.100 millones de dólares con sus principales acreedores y 760 millones de nuevos soles (unos 200 millones de euros) con el Estado peruano. Sus directivos presentaron un plan de reestructuración que pedía ampliar nuevamente el cumplimiento del PAMA y saldar su deuda con Perú en ¡700 años!
Las maniobras realizadas por Ira Rennert tienen como objetivo declararse en bancarrota y evitar el pago de las indemnizaciones. Por ello, la Iglesia peruana velará por que se acate el fallo y se indemnice a todos los niños que sufren los estragos del plomo. El ataque contra el obispo Barreto no hace más que fortalecerlo, ya que ha recibido numerosas muestras de apoyo por su trabajo en defensa de los que menos tienen y por la protección de las tierras alto-andinas.
En el nº 2.733 de Vida Nueva.
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