El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho esta tarde en el Senado que una hipotética expropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba sería un «desprópósito jurídico», carente de base legal e histórica. En respuesta a una pregunta formulada por IU, el ministro ha apuntado que la ley de patrimonio histórico solo contempla esta medida para el caso en el que el bien en cuestión esté «en peligro de destrucción o deterioro», lo que en este caso no sucede. Ha recordado, además, que este templo está en manos de la Iglesia Católica desde hace 13 siglos y ha reprochado al senador José Manuel Mariscal que confunda un título de propiedad con la mera inscripción.
Ruiz-Gallardón ha recordado a IU que el templo está inscrito desde el año 2006 y que ni ese año ni los dos siguientes el Ejecutivo socialista («sus socios de gobierno» entonces) objetó la inmatriculación de la Mezquita cordobesa.
El titular de Justicia ha apuntado, además, que en virtud del artículo 33 de la Constitución, habría que indeminizar a la Iglesia Católica si se la privara de este bien: «¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted que le demos a la Iglesia católica esas cantidades ingentes de dinero, cuando con 8 euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita?», ha preguntado.
El Gobierno va a defender por dos vías oficiales la titularidad eclesiástica de la mezquita-catedral de Córdoba tras meses de ardua polémica contra la gestión de la Iglesia del monumento Patrimonio de la Humanidad y principal templo de la diócesis.
Según ha podido confirmar ABC de fuentes oficiales, la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima un informe en el que aporta datos contundentes sobre la titularidad del Obispado, a raíz de una denuncia de un particular que advertía de la «posible usurpación del inmueble por parte del Obispado». Un bien declarado monumento nacional en 1882, y en cuya declaración oficial se la hace llamar «Santa Iglesia Catedral de Córdoba».
De entrada, en este informe aparece certificación registral de la titularidad del Cabildo Catedralicio. A su vez, desde que existe legalmente el catrasto, la mezquita-catedral consta como propiedad de la Iglesia desde la etapa más reciente del ente en 1978 -incluso por vía telemática desde 1996-. Ese periodo rebasa los 30 años que estipula el Código Civil para la posesión pacífica e ininterrumpida de un bien sin necesidad de título ni de buena fe. Al Estado no le consta en su inventario patrimonial.
El otro elemento oficial que maneja el Gobierno se basa en el anteproyecto de ley aprobado el pasado día 11 por el Consejo de Ministros que modificará, entre otras cuestiones, la forma en la que la Iglesia podrá inmatricular (inscribir en el Registro de la Propiedad por primera vez) sus bienes sin efectos retroactivos a la anotación realizada sobre la mezquita-catedral en 2006. El nuevo régimen planteado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón equipara la situación de la Iglesia a la del resto de la sociedad en este tipo de trámites, pero mantiene las cosas como están en lo tocante al primer templo de la diócesis cordobesa.
El punto de partida es el actual artículo 206 de la Ley Hipotecaria, aprobado en su momento para establecer un sistema sencillo para que la Iglesia -que no pudo registrar sus bienes durante décadas- inmatriculase sus propiedades. El trámite «normal» es que un ciudadano o una empresa presenta documentos acreditativos de la propiedad ante el registrador para inscribirlo a su nombre. En el caso de las Administraciones, lo hace un funcionario. Y en el caso particular de los bienes eclesiásticos, la certificación puede emitirse desde el diocesano correspondiente. En el caso más cercano, el obispo de Córdoba, lo que cambia desde ahora con esta reforma, si bien el Ejecutivo «blinda» a la mezquita-catedral. Es en este aspecto donde más ha incidido la plataforma laica, que llega a hablar de «inconstitucionalidad». Y es aquí donde se enmarca una pregunta que IU formulará hoy en el Senado a Ruiz-Gallardón sobre el «privilegio» de la Iglesia en el registro de inmuebles.
Ni destrucción ni deterioro
En consonancia con lo que sostiene Hacienda, el ministro de Justicia defenderá -siempre y cuando IU aluda directamente a la mezquita de Córdoba, lo que no hace en su pregunta- que el templo tiene que seguir en manos de la Iglesia y que no hay ninguna razón ni jurídica ni histórica que justifique una eventual expropiación. En este sentido, y según ha podido saber ABC, Gallardón aludirá a que no hay base legal que permita esta medida, pues la ley de patrimonio histórico solo la contempla cuando el bien en cuestión está en peligro de destrucción o en situación de grave deterioro. Y no hay indicio alguno de que la Iglesia no haya cuidado el templo.
La campaña se inició a mediados de febrero desde sectores de la izquierda a través de internet. Luego fue apoyada por el bipartito de la Junta de Andalucía, que prepara un estudio jurídico para ver si puede expropiar la titularidad, aunque se ha dado de bruces ya con un nutrido grupo de expertos en materia registral y jurídica que avalan la propiedad del Cabildo Catedralicio.
A ellos se suman las razones históricas desde que en 1236 el Rey Fernando III El Santo devolviera a la Iglesia la mezquita aljama, reconquistada Córdoba, y que había sido edificada sobre la basílica visigoda de San Vicente. El eco internacional que está teniendo el asunto, avivado por los promotores de una plataforma laica -bien relacionados en algún caso con miembros de la Junta Islámica de España, en otros con el PSOE y la Junta-, mantiene el pulso, con el riesgo, incluso, de una supuesta intervención de la Unesco.
Entre tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insistió ayer en la necesidad de «proteger el dominio público haciéndolo compatible con siete siglos de culto católico». Un planteamiento que busca quedarse con la propiedad y dejar que la Iglesia gestione el templo, sin precisar qué ocurriría con el lado más turístico y sus ingresos. «La mezquita es una marca, sería irracional y antieconómico suprimir el nombre de mezquita y dejar solo el de catedral», agregó. Hay sectores que defienden que el Obispado está haciendo un mal uso de la terminología del templo al suprimir la palabra «mezquita». Una brecha en la que inciden voces como la del exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.
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