Es urgente un cambio radical de jueces y fiscales.

La valenciana Ángela Coquillat es la única mujer de una asociación que han formado veinte de los mejores penalistas de España. En el colectivo también están Javier Boix y el abogado de la infanta Cristina, Jesús Silva. El grupo nace para proteger el derecho de defensa.
Ramón Ferrando | valencia ¿Tan mal está el derecho de defensa que necesitan unirse para defenderlo?
Tenemos una ley de Enjuiciamiento Criminal muy antigua. Necesita una reforma urgente. Últimamente la presión ciudadana ha debilitado principios tan importantes como la presunción de inocencia.

¿Qué es lo que debe cambiar?
Yo pienso que tiene que cambiar la instrucción. El peso de la instrucción la tiene que llevar el ministerio fiscal.

Sí, pero de esa reforma se lleva años hablando y no acaba de salir.
Es cierto. Además, ahora han cerrado una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en la que podían haber aprovechado para meter algo de eso y no lo han hecho. En la Audiencia Nacional hay ocho jueces y ochenta fiscales. En realidad, en los grandes temas como el caso Gürtel al juez le entra el escrito y se lo manda al fiscal para que él diga qué quiere hacer. El juez no tiene capacidad en estos momentos para poder llevarlo todo. Al final lleva la investigación el fiscal pero sin haber un juez de garantías. La reforma prevé que haya un fiscal que investigue, pero que detrás tenga un juez que vele por la investigación. Esa reforma es clave.

En la mayoría de países la investigación la lleva el fiscal.
Efectivamente, en la mayoría de países investiga el fiscal y tiene detrás un juez de garantías.

¿Qué ventajas ofrece? ¿Más agilidad?
Creo que más agilidad y que tienes un juez que no está contaminado por la instrucción. En estos momentos, estamos con un juez que investiga, con un fiscal que investiga y con una Udef que investiga. Además, los informes de la Udef son palabra sagrada. Los jueces se los creen a pies juntillas. No quiero citar asuntos concretos, pero en el caso de los ERE vemos que hay como una imputación preventiva. Siempre he entendido que cuando se imputaba a alguien era porque había indicios racionales de criminalidad no porque esa persona tuviera un cargo. Hoy en día aparece el nombre de alguien y para que tenga todos sus derechos va como imputado. No hay que olvidar que la imputación supone un desprestigio muy importante.

El Gobierno ha cerrado el grifo de los indultos después de la polémica del kamikaze de Polinyà del Xúquer y ya ha filtrado que no se lo va a conceder al exalcalde de Torrevieja Hernández Mateo ¿Son buenos los indultos o era necesario una restricción?
Creo que el problema de los indultos es que la ley es de 1870. Hay determinados asuntos en los que el indulto debe darse, como cuando ya no tiene ningún sentido la pena. Yo presenté uno de un chico que había cometido el delito cuando era joven y toxicómano, y cuando le llegó el ingreso en prisión habían pasado diez años. El chico trabajaba en una empresa y tenía dos hijos. El Gobierno se lo concedió. En casos así la pena no tiene ningún sentido. La pena tiene el fin de la rehabilitación. El problema es que ha habido unos años con mucha manga ancha con los indultos.

Ustedes han denunciado la inseguridad jurídica de los tribunales ¿Son una lotería?
Sí, es como una lotería incluso en delitos básicos como el de las alcoholemias, que en unos juzgados las resuelven de una manera y en otros de otra. Muchas veces es imposible decirle a un cliente lo que va a pasar porque depende muchísimo del juez. Tenemos mucha inseguridad jurídica. En función de que te juzgue un juez u otro, la sentencia es muy diferente.

¿Nacen como asociación para defender a los abogados?
No. La idea es defender los derechos de los ciudadanos. Creo que la gente solo se da cuenta de la importancia de garantizar los derechos cuando está dentro de un procedimiento. Cuando alguien está fuera no es consciente.

Los penalistas denuncian que las imputaciones se eternizan.
Claro. Además, después es muy difícil rehabilitar socialmente a esa persona. Cuando tienes imputada cuatro años en un procedimiento a una persona le causas un gran perjuicio. Conozo el caso de un abogado de prestigio de fuera de Valencia que ha estado imputado cuatro años y durante este tiempo ha sufrido una gran bajada de clientes y en algunos consejos de administración en los que estaba se lo han medio quitado de encima. Eso provoca un daño terrible. Las instrucciones se hacen eternas porque muchas veces se utiliza el procedimiento para investigar. De una declaración sacan una cosa y van tirando del hilo.

Usted es la única mujer de la Unión Española de Abogados Penalistas ¿Por qué hay tan pocas abogadas penalistas en primera línea?
La verdad es que no lo entiendo. Estamos acostumbrados a ver a muchísimas jueces y fiscales y hay muchas abogadas trabajando en los juzgados. No sé si es porque el penal es un derecho más duro.

¿Cómo puede evitarse que se eternicen los procesos de corrupción?
Creo que es un problema de medios. Hace diez años ibas al TSJ y estaban tranquilos. Ahora entras en la secretaría del TSJ y da miedo. El TSJ dispone de muy poco personal, aunque tiene que hacer una gran cantidad de cosas. Es imposible. No lo pueden hacer en menos tiempo. Eso va en perjuicio de la sociedad y de los que están en el procedimiento.

¿Por qué se están deteriorando tanto las garantías procesales? ¿Por la presión ciudadana?
Creo que sí. A los jueces se les pone en una situación difícil en los asuntos mediáticos. Es como lo de la justicia universal. Los magistrados tienen que cumplir la ley y si dice que si coges un barco en aguas internacionales con droga y no hay españoles, pues lo siento mucho pero deben quedar en libertad. Todo eso la gente no lo entiende, pero claro esto es un Estado de Derecho. El Código Penal no está para criminalizarlo todo.

¿Por qué se hace?
Porque sale muy barato. Poner medidas preventivas de violencia de género e incrementar las plantillas policiales es caro. En cambio, modificar el Código Penal para endurecer un hecho concreto sale baratísimo.

¿Se ha endurecido mucho el Código Penal en los últimos veinte años?
Sí. La intención de la Unión Española de Abogados Penalistas es poder intervenir y ser escuchados en ese tipo reformas.

¿Qué van a hacer?
Vamos a tener reuniones con asociaciones de jueces y fiscales, y con los grupos parlamentarios para hacer propuestas. En la Unión tenemos a ocho catedráticos de Derecho Penal que son abogados en ejercicio. A este comité científico se le proponen temas para poder presentarlas ante el Parlamento. Son temas como la responsabilidad del ministerio fiscal ante acusaciones temerarias.

¿A qué se refiere?
A diario el fiscal hace acusaciones que acaban con absoluciones porque no hay base. Eso supone un daño muy importante para los acusados y no tiene consecuencias. En el caso de las acusaciones particulares por lo menos tienen que pagar las costas. Al fiscal le sale gratis.

(Diario Levante-Emv, 5 mayo 2014).